«Prolongar sus relaciones turbias. Su Plan Cabanyal podría beneficiar a empresas vinculadas al caso de corrupción más vergonzoso de la historia de la Comunitat». El párrafo aparece en los 300.000 folletos que repartirá el PSPV en un buzoneo masivo para intentar convencer a los vecinos de los perjuicios que causaría la prolongación de Blasco Ibáñez tal y como lo plantea el gobierno municipal del Partido Popular.
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, no quiso ayer dar más explicaciones a los periodistas que acudieron a la presentación de la campaña, con la que se pretende movilizar a todas las bases socialistas. «¿Se refiere a las empresas del caso Gürtel?» preguntó un periodista. «Lea lo que usted considere», fue la última respuesta del candidato a la Generalitat después de eludir varias veces una acusación directa contra las constructoras que figuran en la querella de este partido contra el presidente Camps y a las que el PSPV denunció. Las compañías, vino a decir, serán las que cada lector «considere».
No obstante, fue esto último lo que entendieron la mayoría de asistentes como las del caso Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia sigue sin decidir sobre la querella, aunque el PSPV no ha retirado que se sepa los nombres de Lubasa, Facsa, Piaf, Sedesa y Ortiz e Hijos de la acusación contra responsables de la Administración autonómica.
Y la acusación es muy gruesa al hablarse de financiación irregular, cohecho, malversación, falsedad, prevaricación, alteración contable y delito fiscal, a repartir entre todos los que salen nombrados en la querella que echó encima al PSPV toda la patronal.
Y para guinda de las «relaciones turbias», nombre que encabeza el párrafo, algo más abajo en el folleto se habla de «especulación sin límite, urbanismo descontrolado y fracasadas obras faraónicas».
La empresa Cabanyal 2010 sí tuvo entre sus accionistas varias empresas privadas, aunque hace tiempo que vendieron a la Generalitat y el Ayuntamiento su participación, al entender curiosamente que el proyecto urbanístico era poco rentable. Las 1.300 viviendas previstas tras los derribos serán de promoción pública.
El buzoneo empezará mañana mismo y se quiere llegar a a «todos los rincones de la ciudad». Alarte quiso lanzar un mensaje «claro y nítido» al decir que emplearán hasta el último esfuerzo en esta campaña. «El Cabanyal importa a los cinco millones de valencianos», subrayó antes de decir que el plan urbanístico «es un símbolo de cómo no se tienen que hacer las cosas».
Acusó al presidente Camps y la alcaldesa Rita Barberá de «cobardía política» porque el viernes no hablaron en Les Corts, durante el debate sobre la prolongación de Blasco Ibáñez. «Culmina el fracaso de las políticas urbanísticas del PP», para aludir también a los problemas en la gestión de las basuras y el hecho de que la media de paro supere a la registrada en España.
«Han sido 18 años de abandono intencionado y malicioso; les hago responsables de la degradación», fueron otras ideas escuchadas en la sala de prensa. Si alguien tenía dudas de que el plan del Cabanyal se ha convertido en un símbolo de confrontación política, ayer quedaron despejadas. La campaña tendrá espacio en la web del partido, así como el reparto de 3.000 carteles con el lema «Derribar tu casa/prolongar el abuso», que se quieren distribuir en comercios de toda la ciudad y especialmente en los del Marítimo.
En 17 sedes de agrupaciones socialistas habrá información disponible y también se ha previsto un gran acto público aún por determinar. El secretario general no concretó si acudirá algún miembro del Gobierno, directamente implicado en el conflicto tras la orden del Ministerio de Cultura que paralizó la ejecución de todas las obras.
Una de las cuestiones más destacadas fue la de la reunión con todo tipo de asociaciones para «recoger sus propuestas». La portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, estimó que la estrategia de rehabilitación impulsará 8.000 puestos de trabajo a lo largo de cinco años, para reiterar el apoyo a la plataforma vecinal contraria a la prolongación de la avenida.
Recordó las declaraciones de Barberá donde, a su juicio, igualaba una negociación con esta entidad a la que se mantuvo con ETA. «No se puede criminalizar a los vecinos y acusar al Gobierno de prevaricación, creo que Rita Barberá no actúa como una buena alcaldesa, que debe propiciar el diálogo».
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